Eduardo Carmigniani
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Es verdad que ya fue enterrada la Supercom y su cancerbero Ochoa. Pero nunca se puede cejar en mantener la libertad editorial. Pese a presiones de todo tipo tendentes a sojuzgarla.
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Comisión de la Asamblea -en informe para 1º debate del proyecto de ley que busca gravar con un impuesto de hasta el 2.5 % a las utilidades acumuladas- plantea endurecerlo afectando también las reservas para imprevistos o para futura capitalización.
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Enhorabuena que el gobierno se haya animado -desmitificando el sambenito de que Panamá dizque solo es una especie de guarida de piratas- a sacarla de la lista de paraísos fiscales.
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Si los jueces llamados a frenar los abusos del poder pudiesen ser llevados a juicio político, su independencia quedaría pulverizada. Eso, además de impresentable, contrariaría a la jurisprudencia interamericana si se permitiese enjuiciarlos por el contenido de sus decisiones.
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Mi columna sobre el archivo, decidido esta semana en la Asamblea, del tramposo adefesio que pretendía que que el Estado nunca pueda cumplir voluntariamente laudos internacionales.
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Corte Constitucional insiste (2ª ocasión): “los laudos arbitrales expedidos en el extranjero se considerarán títulos de ejecución que no requieren homologación” (sentencia 6-22-IN/25, 15 de mayo de 2025, ponente: juez Escudero)
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De la nueva ley contra lavado de activos (regirá desde el 29 de julio) la irracionalidad fluye a borbotones. El GAFI recomienda tratar, como persona políticamente expuesta, a familiares o asociados “cercanos”. La ley hace todo lo opuesto. Incluye a quienes pudieran ni conocerse.
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La nueva ley contra lavado de activos, que entrará en vigencia el 29 de julio, incluye como asociados a una Persona Políticamente Expuesta hasta a quienes pudieran ni conocerse, o estar bronqueados a muerte.
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Constitución ya exige que jueces de asuntos constitucionales sean especializados. Así se puede frenar trapacerías de jueces multINcompetentes. Pero se requiere de tiempo y paciencia: sería bien cándido creer que sobran reales constitucionalistas con aspiración de ser jueces.
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Mi columna sobre los retos de la nueva, y unificada, Junta Monetaria y Financiera.
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En el paisito de los hechos consumados cada quien cree que puede jugar al braveo, y ese fue el camino que tomó el Municipio de Quito al decidir “revertir” unilateralmente una donación -por más que hubiese causa para dejarla sin efecto- en lugar de acudir a los jueces.
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Mi columna sobre las inaceptables defensas, del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía, al juez y el fiscal en su orden, coludidos para liberar a dos procesados por secuestro extorsivo.
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Reserva abogado-cliente, o reserva de la fuente, consustancial al periodismo libre, por dar solo dos ejemplos, quedarían pulverizadas si se aprueba proyecto de Ley de Inteligencia, que además pretende que organismos de inteligencia intercepten comunicaciones sin orden judicial.
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El control de SuperBancos no la hace “garante” de los depósitos bancarios. Y está muy bien que no lo sea. Pero hay quienes creen que esa garantía sí existe para los depósitos en cooperativas, si la superintendencia que las controla omite cumplir sus deberes. Mi columna sobre eso.
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Mi columna sobre los cachiporreros antiarbitraje fracasados, y sus interpretaciones contra normas expresas y claritas de la Constitución.
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Mi columna de hoy en Diario Expreso, sobre el proyecto de nueva ley contra la competencia desleal.
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La animalidad sin límites en el paisito. Ahora el requetedesprestigiado Consejo de la Judicatura pretende hacer exámenes antisoborno a la Corte Constitucional como requisito para mantener “relaciones comerciales” con esta. Semejante zoquetada.
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